El concurso mercantil después de la reforma de 2024: lo que cambió para el acreedor garantizado.

El concurso mercantil es un procedimiento judicial colectivo que busca conservar la empresa del comerciante en cesación generalizada de pagos mediante el acuerdo con sus acreedores, o liquidarla ordenadamente si la conservación es inviable. Se regula por la Ley de Concursos Mercantiles, reformada el 27 de noviembre de 2024, y se tramita ante un Juez de Distrito en materia civil con apoyo del IFECOM. El procedimiento tiene dos etapas principales: conciliación, donde el comerciante intenta acordar un convenio con la mayoría calificada de acreedores reconocidos, y quiebra, que opera si no hay convenio. Para el acreedor, el concurso suspende ejecuciones individuales y centraliza el cobro. La buena preparación de la solicitud de reconocimiento es la diferencia entre cobrar parcialmente o quedar relegado a un quirografario residual.

La reforma publicada el 27 de noviembre de 2024 modificó tres ejes del régimen. Primero, alteró el orden de prelación: el nuevo artículo 217 incorporó una subcategoría de acreedores con garantía real sobre activos esenciales para la continuidad operativa, que desplaza al fisco en ciertos supuestos. Segundo, redujo el plazo de reconocimiento de créditos de cuarenta y cinco a treinta días naturales contados desde la publicación del edicto. Tercero, cambió la naturaleza del convenio entre acreedor garantizado y comerciante, que ahora puede celebrarse con efectos vinculantes para terceros bajo ciertos requisitos. La reforma busca alinear el régimen mexicano con estándares de la CNUDMI sobre reorganizaciones. Las áreas legales corporativas deben recalibrar procesos internos para no perder el plazo más corto.

El reconocimiento de un crédito se solicita ante el visitador o el conciliador designado por el IFECOM dentro del plazo de treinta días naturales contados desde la publicación del edicto que admite la solicitud de concurso, conforme al artículo 122 reformado. La solicitud debe acompañarse de: documento que acredite la existencia del crédito (factura, contrato, sentencia, laudo), evidencia de la cuantía, prueba de la naturaleza del crédito si pretende prelación especial, y poderes vigentes del representante legal. El visitador emite una lista provisional que se publica para impugnaciones. Los acreedores no reconocidos en lista definitiva no participan en la votación del convenio y solo pueden cobrar contra el remanente posterior. Más detalle en litigio concursal en Bissu Abogados.

Un acreedor garantizado es aquel cuyo crédito está respaldado por una garantía real específica: hipoteca, prenda, fideicomiso de garantía o garantía financiera. Su crédito conserva la prelación derivada de la garantía y se paga, hasta el monto del bien garantizado, antes que los créditos de prelación inferior. Después de la reforma de 2024, el acreedor garantizado con prenda sobre activos esenciales para la continuidad operativa (inventario, cuentas por cobrar, equipos productivos) tiene una posición materialmente mejor frente al fisco. En seis de los siete concursos que litigamos en 2025 bajo el nuevo régimen, el acreedor garantizado vio reducido el tiempo de cobro promedio en ocho meses respecto del régimen anterior. La condición es que la garantía esté perfeccionada y sea identificable: prendas genéricas o flotantes mal documentadas pierden esa ventaja.

Un concurso mercantil bajo el régimen reformado dura entre catorce y veinticuatro meses cuando se llega a convenio en etapa de conciliación, y entre veintiocho y treinta y seis meses cuando deriva en quiebra. Los plazos legales son orientativos: la práctica depende de la complejidad del activo, la cooperación del comerciante y el volumen de impugnaciones a la lista de reconocimiento. Los costos para el acreedor incluyen honorarios del despacho que prepara la solicitud de reconocimiento (entre 60 y 180 mil pesos según complejidad), honorarios para impugnar la lista provisional si es necesario, y la proporción que corresponda de los gastos comunes del procedimiento, que se pagan con cargo a la masa. El costo se justifica en proporción al monto a recuperar: créditos por debajo de 1.5 millones de pesos rara vez justifican litigación activa más allá del simple reconocimiento.