Convenios entre accionistas: qué cláusula nadie firma y debería.

Un convenio entre accionistas es un contrato privado, accesorio a los estatutos, en el que los socios de una sociedad pactan reglas adicionales sobre administración, votación, transmisión de acciones y resolución de conflictos. Sirve para flexibilizar lo que la Ley General de Sociedades Mercantiles no permite incluir en estatutos por su rigidez registral. En sociedades cerradas mexicanas cubre típicamente derechos de preferencia, tag-along, drag-along, restricciones a la transmisión, política de dividendos, composición del consejo y cláusulas de salida. A diferencia de los estatutos, no requiere inscripción en el Registro Público de Comercio, pero por eso mismo no es oponible a terceros de buena fe que adquieran acciones sin conocer el convenio. Conocer esa frontera evita sorpresas cuando entra un nuevo inversionista.

Los estatutos son el contrato social que regula la existencia y funcionamiento de la sociedad, se inscriben en el Registro Público de Comercio y son oponibles erga omnes. El convenio entre accionistas es un contrato privado entre los socios firmantes, no se inscribe y solo obliga a las partes. En caso de conflicto entre ambos, la regla general en México es que prevalecen los estatutos por su carácter público, salvo que el convenio pacte expresamente cómo se resuelve la contradicción. Por eso recomendamos siempre sincronizar las dos piezas: si el convenio prevé drag-along, los estatutos deben permitir la transmisión forzosa mediante el mecanismo descrito. La práctica de mantener convenios desincronizados de estatutos es la fuente más común de litigio societario evitable.

Tag-along, o derecho de adhesión, es la cláusula que permite a los accionistas minoritarios sumarse a la venta cuando el mayoritario vende su participación a un tercero, en las mismas condiciones de precio y pago. Protege al minoritario contra la entrada de un nuevo socio mayoritario no deseado. La redacción correcta debe precisar: porcentaje mínimo de la operación del mayoritario que dispara el derecho, plazo de aviso al minoritario, identidad y plazo de aceptación del tercero, mecanismo de cálculo del precio si la operación incluye contraprestación no dineraria, y consecuencia para el mayoritario si vende sin notificar. Una cláusula bien redactada incluye un derecho a daños líquidos equivalente al precio total del paquete del minoritario más una prima del 20 al 30 por ciento. Para conflictos derivados de su incumplimiento ver nuestra área de litigio mercantil.

Drag-along, o derecho de arrastre, es la cláusula que permite al accionista mayoritario obligar a los minoritarios a vender su participación en las mismas condiciones cuando recibe una oferta por el 100 por ciento de la sociedad. Sirve para facilitar operaciones de venta total ante compradores estratégicos que no aceptan participar con minoritarios. Es válida en México siempre que esté pactada expresamente en estatutos o que el convenio entre accionistas la prevea y todos los socios lo hayan firmado. La Suprema Corte la ha sostenido en jurisprudencia siempre que no anule el derecho a recibir una contraprestación razonable. La redacción correcta debe incluir: umbral de aceptación del mayoritario para activarla, mecanismo de valuación independiente si el minoritario discute el precio, plazos y restitución de garantías. Sin estas precisiones, el drag-along termina litigándose en arbitraje o ante tribunales.

El deadlock es el bloqueo de decisiones cuando dos accionistas o grupos con poder de voto equivalente no logran consenso en una decisión esencial. La solución pasa por incluir en el convenio uno o varios mecanismos de desbloqueo. Los más usados en México son: voto de calidad del presidente del consejo, mediación obligatoria previa al arbitraje, designación de un tercero arbitrador con facultad de decidir el sentido del voto, mecanismo de buy-sell o cláusula de la "ruleta rusa" donde una parte fija precio y la otra elige comprar o vender. Sin alguno de estos mecanismos, el deadlock se resuelve por disolución judicial bajo el artículo 229 fracción II de la LGSM, proceso que toma entre dieciocho y treinta meses. Recomendamos pactar el mecanismo de desbloqueo desde la constitución, antes de que exista conflicto.